La Ley N.º 2442 de 2024 introduce una transformación significativa en el ordenamiento jurídico colombiano al permitir el divorcio por la simple manifestación de voluntad de cualquiera de los cónyuges, adicionando esta causal al artículo 154 del Código Civil como el numeral 10. Este cambio legal representa un avance hacia el reconocimiento de la autonomía individual en las relaciones matrimoniales, facilitando la terminación del vínculo conyugal sin la necesidad de alegar o probar una causal específica. Desde una perspectiva de desarrollo y modernidad, esta disposición refuerza el derecho de cada persona a decidir sobre su estado civil sin interferencias, alineándose con los principios de libertad y autodeterminación. Además, la posibilidad de presentar una propuesta de divorcio directamente con medidas para regular sus efectos busca agilizar el procedimiento y descongestionar los despachos judiciales.

Sin embargo, también surgen posibles desafíos y preocupaciones. La regulación introduce obligaciones adicionales para los jueces, como revisar de oficio la asignación de alimentos desde una perspectiva de género y garantizar la protección de partes en situación de vulnerabilidad, lo que podría aumentar la carga procesal y exigir mayor capacitación y recursos. Asimismo, se mantiene la necesidad de abordar temas como la liquidación de la sociedad conyugal y posibles indemnizaciones económicas, lo que demanda un análisis cuidadoso para evitar conflictos entre las partes. Si bien la norma apunta a simplificar el procedimiento, la flexibilidad para demandar en cualquier tiempo podría generar incertidumbre jurídica en casos patrimoniales no resueltos. La ley también incorpora salvaguardias específicas, como la protección a cónyuges en riesgo de sufrir daños graves, aunque su implementación efectiva dependerá de la sensibilización y preparación de los operadores jurídicos.

El diseño de esta normativa no parece responder a la necesidad de aliviar la carga del sistema judicial. Esto se hace evidente en el artículo 7º de la Ley 2442 de 2024, donde se especifica que la posibilidad de tramitar esta causal “de manera consensuada” o ante una notaría depende de que la contraparte acepte modificar el proceso para seguir bajo la causal 9, correspondiente al mutuo consentimiento. Si no se logra dicho acuerdo, el caso inevitablemente debe llevarse por la vía contenciosa. En consecuencia, un mecanismo que inicialmente se planteó como una alternativa sencilla y rápida acaba generando una mayor carga al sistema judicial, dificultando los procesos y haciendo que sean aún más complejos y burocráticos que aquellos previstos bajo el divorcio de mutuo acuerdo. La necesidad de tramitar divorcios contenciosos cuando no hay acuerdo entre las partes incrementa la cantidad de procesos judiciales, contraviniendo cualquier intención de descongestionar los tribunales. Además, los jueces no solo deberán decidir sobre el divorcio, sino también revisar de oficio temas sensibles como alimentos, género y protección de derechos, lo que incrementa la carga de trabajo y el tiempo de resolución.

El cambio de la causal 10 a la 9 implica una doble interacción jurídica, prolongando el tiempo para resolver un divorcio que debería ser expedito por naturaleza. Las partes que inicialmente buscan una solución directa enfrentan mayores trámites y requisitos que podrían desincentivar el uso de esta herramienta. Al complejizar un procedimiento que se percibía como simplificado, la norma puede generar desconfianza entre los ciudadanos respecto a la eficacia de las reformas legales. Esto podría tener implicaciones sociales, perpetuando conflictos matrimoniales no resueltos y agravando los efectos emocionales y económicos sobre las partes.

Para evitar que la aplicación de esta ley genere los problemas señalados, sería recomendable reformar el artículo 7º para permitir que el divorcio por voluntad unilateral también sea tramitado directamente por vía notarial, sin necesidad de un acuerdo posterior entre las partes. También se podría establecer mecanismos de conciliación previos que faciliten acuerdos respecto a los efectos del divorcio y reduzcan la necesidad de litigios, así como incrementar la capacitación de notarios y jueces para garantizar una aplicación eficaz de los principios de género, equidad y protección de derechos, minimizando retrasos procesales.

La inclusión de esta nueva causal de divorcio es un avance hacia una legislación más moderna e inclusiva, pero también plantea retos significativos. Para garantizar que estos cambios cumplan con sus objetivos, es indispensable que se implementen políticas complementarias, como la promoción de acuerdos previos (capitulaciones matrimoniales), la educación legal y el fortalecimiento institucional para atender las nuevas demandas del sistema judicial. El equilibrio entre la autonomía individual y la protección de los derechos de las partes involucradas será clave para maximizar los beneficios de esta reforma legal.